Jane Muncke, directora general de la Fundación del Foro de Envasado de Alimentos de Zúrich (Suiza), que no ha participado en el trabajo, señala: “No puede ser que unos pocos se beneficien económicamente, mientras contaminan el agua potable de otros millones de personas y provocan graves problemas de salud. Las enormes cantidades que costará reducir los PFAS en el agua potable a niveles seguros, según los conocimientos científicos actuales, deben ser pagadas por la industria que produce y utiliza estas sustancias químicas tóxicas. El momento de actuar es ahora”.
Cousins también se muestra favorable a esta idea, pero es consciente de que la legislación actual no lo hace posible fácilmente. “El principio de ‘quien contamina paga’ significa que los usuarios de las sustancias químicas son los responsables, no el fabricante. Por ejemplo, en el caso de la contaminación por PFAS de las espumas contra incendios, los responsables suelen ser los departamentos de defensa y, en última instancia, quien paga es el contribuyente”, concluye.